Respuesta del Gobierno a la pregunta parlamentaria sobre los PESTOS

El Gobierno ha respondido a la pregunta parlamentaria realizada recientemente por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso sobre las medidas previstas por el Gobierno para solucionar la situación de los PESTOS.

Desafortunadamente, como en otras ocasiones, el Gobierno responde de forma evasiva y poco concreta, volviendo a apelar, de forma genérica, a la incompatibilidad con la normativa europea (Directiva 2013/55/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales) para negar la posibilidad de un proceso extraordinario de homologación de la titulación de Especialistas en Psicología Clínica para los PESTOS.

Desde la Asociación PESTOS manifestamos nuestra decepción por esta respuesta totalmente insatisfactoria y nuestro desconcierto por el desconocimiento del gobierno del abasto de la normativa europea. De hecho, el dictamen jurídico del abogado del estado Don Manuel J. Silva que ya presentamos ante la Mesa y Portavoces de la Comisión de Sanidad en 2014, destaca la nula incidencia de la normativa europea en esta cuestión, planteando que, a diferencia de lo que sucede con los médicos especialistas, no resulta de aplicación a los psicólogos especialistas en psicología clínica la Directiva 2005/36/CE ni sus modificaciones, puesto que el derecho europeo no establece requisitos de acceso a los títulos de psicólogos especialistas, ni el de residencia ni otros.

Consideramos, pues, imprescindible que el Gobierno indique cual es exactamente el articulado de la normativa europea que se refiere a la imposibilidad de habilitar vías de acceso alternativas a la especialidad en psicología clínica, ya que creemos que existe una confusión con la situación de los MESTOS, a los que sí parece afectar dicha normativa, que está interfiriendo en nuestro derecho a ser reconocidos como especialistas.

Seguiremos insistiendo en la búsqueda de soluciones, pues no es justo ni razonable que un sistema que en su momento necesitó de nuestros servicios, y que sigue requiriendo de ellos, se desentienda ahora de nuestros derechos.